Alpargatas, Molinos Río de la Plata, Swift, Grafa, Ford,
Mercedes-Benz, Fiat, Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor,
ingenios Ledesma, La Fronterita, Concepción, Propulsora Siderúrgica,
Astillero Río Santiago, Petroquímica Sudamericana, Lozadur, Cattáneo,
astilleros Astarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca, Acindar, Loma Negra y La
Nueva Provincia.
Veinticinco firmas que en muchos casos aún siguen funcionando en
nuestro país fueron investigadas y analizadas por una comisión especial
para la ocasión arrojando como contundente resultado que el poder
económico no solo fue espectador de la masacre y el exterminio de la
clase obrera durante la dictadura sino también responsable e instigador
de desapariciones, torturas y vejaciones de todo tipo.
El informe “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad:
represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado”, realizado
por el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos,
ambos bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, el Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) y el Área de
Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-Argentina) fue presentado este jueves en la sede de
FLACSO Buenos Aires . Estuvieron presentes el secretario de Derechos
Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el presidente del CELS, Horacio
Verbitsky, el director del Área de Economía y Tecnología de FLACSO,
Eduardo Basualdo, y la responsable del Programa Verdad y Justicia,
Elizabeth Gómez Alcorta.
Ya disponible para la justicia como prueba documental de valor
trascendental –entregado a la Procuraduría de Crímenes contra la
Humanidad, de Jorge Auat y Carolina Varsky–, este trabajo pretende
esclarecer las redes de personajes e intereses detrás del genocidio pero
también permite entender las razones estructurales, clasistas y
profundamente económicas de la dictadura más allá de la consabida
muletilla de “lucha contra la subversión”. Así, a partir de las
conclusiones del informe, queda claro que un sector del empresariado
adoptó un conjunto de prácticas represivas contra los trabajadores de
sus establecimientos que, al insertarse en la trama del terrorismo de
Estado, se configuran como delitos de lesa humanidad.
Con respecto al estatus legal de la vinculación entre empresas y
militares, Elizabeth Gómez Alcorta señaló en la presentación: “Hay que
poder distinguir responsabilidad de complicidad y este trabajo sirve
para documentar la responsabilidad de los empresarios a través de
recursos logísticos, financieros y materiales, más allá de los centros
de detención que funcionaban en las empresas”.
Según las conclusiones del informe, esta responsabilidad se
manifiesta en diferentes prácticas y proporciones: el 88% de las
empresas investigadas intervinieron en secuestros de trabajadores en las
fábricas y despidos o retiros forzados de obreros activistas mientras
que en el 76% de los casos estas empresas entregaron a las fuerzas
represivas información privada de los trabajadores y listas de
delegados.
También se alistan otras metodologías: presencia y actividad militar
de control, supervisión y amedrentamiento dentro las fábricas (72%);
oficiales de fuerzas armadas o de seguridad en cargos directivos (68%);
agentes de inteligencia infiltrados (60%); operativos militares en los
predios fabriles (56%); cuadros empresariales en las detenciones,
secuestros y hasta torturas (52%), habilitación de instalaciones para el
asentamiento de fuerzas represivas (48%), entre otros.
Esta sistematización y jerarquización de prácticas no tiene solamente
que ver con una cuestión académica, sino que permite consolidar al
informe como prueba legal dejando claro que la destrucción de la clase
trabajadora fue un modus operandi durante el terrorismo de Estado. Al
respecto Eduardo Basualdo puntualizó el valor del trabajo en conjunto de
estas firmas. “La relevancia de este informe tiene que ver también con
la metodología: al trabajarse varias empresas juntas se va en contra de
la atomización y falta de coherencia de las causas trabajadas hasta
ahora en el sistema penal, una de sus mayores deficiencias”, dijo.
En relación a esto uno de los coordinadores del equipo de trabajo y
licenciado en Historia Alejandro Jasinski expresó que “lo interesante
fue que se solidificó nuestra posición como investigadores en un equipo
compuesto por historiadores, antropólogos, sociólogos y abogados y
pudimos entonces cruzar las disciplinas, combinar análisis macro, de
procesos sociales, con un análisis puntilloso de los hechos, de las
evidencias e indicios que fueron apareciendo. En este sentido buscamos
dar cuenta de tramas y de hechos, de interés y motivaciones y de
responsabilidades”.
Por su parte, durante la presentación, Fresneda dejó claras también
otras manifestaciones de esta relación entre el capital concentrado y
los genocidas planteando que “queda manifiesta la alianza estratégica de
la dictadura con los sectores privados que luego se beneficiarían con
la estatización de la deuda”. En este sentido, Jasinski evidenció esta
complicidad en la complejidad de la realización del informe. “Las
dificultades estuvieron relacionadas al análisis de sujetos que se
encuentran en la cima del poder social, económico y, justo hoy más que
nunca, político. Además la información a la que se accede está
fragmentada en numerosos archivos y memorias, lo cual hace que esto sea
un trabajo de carpintería”, explicó.
Tomando el ejemplo de Franco Macri como parte del establishment
corporativo beneficiado y co-responsable de los delitos de lesa
humanidad, el periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky
diferenció en la sede de FLACSO la coyuntura del golpe de 1976 con la
actualidad. “En este momento complicado, en el que la derecha asume como
tal, tenemos que tener presente que la dictadura tuvo que ejercer
altísimos niveles de violencia para impedir el avance de las fuerzas
productivas”, apuntó y sobre el final de la presentación, dejó lugar
para el optimismo: “La democracia y las luchas sociales tienen sus
propios mecanismos para frenar eso e impedir una regresión a la
dictadura”.
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